Sudáfrica después del apartheid: la Comisión de Verdad y Reconciliación como refundación del Estado.
Del fin del apartheid al inicio de la transición sudafricana
Después de cinco décadas de segregación racial y frente a los evidentes
fracasos del apartheid para
reformarse y dar respuesta no sólo al abrumador reclamo social de la mayoría
negra oprimida sino también a la presión diplomática y económica de la
comunidad internacional, el presidente De Klerk se presentaba el 2 de febrero
de 1990 en el Parlamento y anunciaba el inicio del fin del régimen racista.
Pocos días después Nelson Mandela era liberado de la cárcel, se legalizaban los
movimientos de oposición y comenzaba un largo período de negociación al
interior de la sociedad sudafricana para sentar las bases del nuevo Estado. Sin
embargo, lejos de ponerle fin a las violaciones de derechos humanos esta etapa
estaría marcada por un recrudecimiento de la violencia, tanto de las
organizaciones radicalizadas en oposición al régimen como, principalmente, de
las fuerzas represivas legales y de grupos parapoliciales que operaban bajo la
anuencia y colaboración del Estado. El saldo de estos años elevaría a más de
tres mil las víctimas fatales.
En esta coyuntura, los movimientos de liberación exigían justicia contra
el apartheid siguiendo el precedente
de los Juicios de Nüremberg, la eliminación de las leyes de segregación, un
Estado unitario con una economía mixta y la liberación de presos políticos. Por
su parte, los todavía miembros del Gobierno apelaban a un sistema federal que
preservara el derecho a veto de la elite blanca, una economía liberal, y una
política del olvido: el New Start de
De Klerk. El choque de fuerzas hacía inviable ambos modelos y se imponía la
transición pactada. Las negociaciones entre el oficialista Partido Nacional
(PN) y el Congreso Nacional Africano (CNA) liderado por Mandela se extendieron
casi cuatro años. Bajo ellas subyacía el hecho de que el 85% de la población,
marginada y condenada a vivir en la miseria, pasaría a llevar las riendas
políticas al incorporarse en un sistema democrático con plenos derechos civiles
e igualdad jurídica. Simultáneamente, la minoría blanca que renunciaba a esta
supremacía política pretendía conservar el poder económico, la propiedad de las
tierras y la injerencia sobre las empresas y grandes capitales.
Verdad y Reconciliación en las bases del nuevo Estado
Ya desde el inicio de las negociaciones, el PN intentó imponer un marco
que garantizara la impunidad a los responsables de la violencia del Estado. De
esta forma, hacia diciembre de 1993 se aprobó la Constitución interina, cuya
cláusula final estableció la amnistía como condición necesaria para la
reconciliación y reconstrucción del país. La Comisión de la Verdad y
Reconciliación de Sudáfrica (CVR) surgió entonces como una solución de
compromiso y un complemento necesario a la Constitución interina. Con la
victoria electoral de Mandela empezaría un intenso debate público y político
que concluyó con la creación del Acta de Promoción de la Unidad Nacional y
Reconciliación en 1995, que regulaba la CVR sudafricana.
Efectivamente, la Comisión presidida por el premio Nobel de la Paz,
Desmond Tutu, fue una de las claves de la transición sudafricana, pero no es
más que el resultado de una voluntad política de reconciliación y un largo
proceso de negociaciones iniciado aquel febrero de 1990. Como señala Richard
Wilson[1], más
allá del horizonte legal contenido en la CVR a la hora de examinar casos y
delinear responsabilidades, perdones y reparaciones, también fue de suma
importancia como elemento legitimador del orden político y social naciente, en
tanto el nuevo Estado se distanciaba del pasado traumático a través de la idea
de una reconciliación basada no en el olvido, sino en la verdad.
Con el marco legal pautado, quedó claro que el instrumento escogido para
interpretar el pasado solo juzgaría los hechos extremos cometidos por el régimen
anterior, sin abarcar el paradigma social e institucional que cristalizó la
normalidad del apartheid. Los grandes
hechos de violaciones a los derechos humanos con motivos políticos serían
amnistiados a cambio de la verdad y la explicación completa y pública de tales
atrocidades. Frente al asombro de muchos, la Comisión equiparaba la
responsabilidad estatal del régimen con los delitos de aquellos grupos civiles
que lo habían combatido. A su vez, la CVR estaba obligada a dar cuenta del
contexto en que estas grandes violaciones se habían producido, así como también
a ofrecer un espacio a las víctimas para su rehabilitación y reparación, y a
hacer recomendaciones tendientes a prevenir la repetición de las violaciones
descritas. En definitiva, en el transcurso de los dos años que duraría su
mandato, la Comisión debía conseguir la mutua aceptación y reconciliación entre
los pueblos sudafricanos.
Fundamentalmente contaba con dos alicientes para promover el testimonio
de los involucrados: la amnistía para los responsables de ofensas y las
reparaciones para las víctimas. La amnistía se otorgaba a cambio de una
exposición completa de los hechos y la constatación de la veracidad de la
información declarada. Si bien las amnistías concedidas fueron muy discutidas por
la mayor parte de las víctimas, en general se concedieron con bastante
celeridad. La exposición pública de las ofensas era la principal condena, y aún
así en la mayoría de casos la reinserción a la sociedad atrajo para los
perpetradores escaso costo social. En contrapartida, las retribuciones a las
víctimas han sido comparativamente inferiores. Es cierto sin embargo, que las
visitas públicas sin precedente realizadas por la Comisión ofrecieron una
verdad expuesta a modo de catarsis colectiva que significó un reparo para las
víctimas. Aún así, ante la insuficiencia de este proceso ya desde 1995 la
sociedad comenzó a organizarse en torno a grupos religiosos y civiles para
ejercer presión sobre la CVR y los órganos políticos con el fin de crear un
cuerpo representativo de víctimas con voz única. Con respecto a las
reparaciones, sólo las más urgentes han llegado -y con retraso- a modo de
indemnizaciones económicas mediante un pago único. Hacia finales de la década,
el Gobierno afirmaba que las retribuciones a las víctimas deberían
cristalizarse en la redistribución económica, la reconstrucción y el desarrollo
del país que estaba en marcha. Como había señalado Mandela, se priorizarían los
estrategias de reparación simbólica para dedicar los esfuerzos monetarios a aspectos
“más productivos”. Sin embargo, entrado el siglo XXI muchas de las
instituciones responsables de implementar el régimen del apartheid permanecen intactas, y la matriz económica en poco se ha
modificado para combatir la desigualdad y el privilegio de la elite blanca.
Alcances y límites de la “Reconciliación sudafricana”
En números, la CVR[2] ha
visto pasar más de 20.000 víctimas y más de 7.000 responsables de violaciones
de derechos humanos como exponentes del sistema legal, militar, industrial, sanitario
y educativo del país. Durante dos años y medio, la Comisión trabajó con el
objetivo de poner al descubierto las miserias del apartheid, pero al mismo tiempo dar lugar a un proceso de cohesión
social. El informe final de sus investigaciones fue presentado públicamente y
puesto a disposición de los ciudadanos. También operó como un complemento
legitimador de la Constitución que incorporaba al texto jurídico y teórico de
ésta, el inapelable valor probatorio de la experiencia condensada en los casos
recopilados.
Actualmente, el caso sudafricano es frecuentemente referenciado dentro
del campo de la justicia transicional por académicos y diplomáticos de todo el
mundo. Sin embargo, al interior de Sudáfrica sus alcances son aún
insuficientes. Miles de víctimas continúan exigiendo justicia y reparación,
tanto material como simbólica y psicológica por el incalculable daño ocasionado
y las consecuencias del trauma social. A su vez, uno de los grandes
interrogantes que se desprenden del análisis de este proceso radica en las
tensiones existentes entre el reclamo de justicia de las víctimas y la -acaso-
necesaria cesión en ese terreno para obtener la verdad y el testimonio de parte
de los victimarios. Sudáfrica ha sido exitosa en la reconstrucción de un Estado
pluriétnico, multilingüístico, con una variedad de creencias religiosas, y una
de las economías más pujantes del continente. Pero la verdadera superación del apartheid llegará no sólo al sentar las
bases para su condena ética y jurídica, sino también cuando estén en marcha los
procesos de integración económica que puedan por fin eliminar todo resabio de la
desigualdad étnica y racial.
Por Marcia Perez, estudiante de la Lic. en Historia
[1] Richard Wilson, “Justicia y legitimidad en la
transición surafricana”, en Las políticas
hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas
democracias, ed. Alexandra Barahona de Brito, Paloma Aguilar Fernández y
Carmen González Enriquez (Madrid: Istmo, 2002), 285-319.
[2] Para ver en detalle los resultados de la CVR
consultar: María Celina Flores “Verdad y
justicia: una mirada a largo plazo del proceso transicional sudafricano”, Humania del Sur. Año 14, Nº 27,
Julio-Diciembre (2019): 15-38.